El Consejo Comunitario General del San Juan -ACADESAN- como autoridad y proceso
organizativo del territorio colectivo de comunidades negras en la subregión del río San Juan,
que comprende 72 comunidades y una extensión de aproximadamente 700 mil hectáreas,
informa:
Que de acuerdo con nuestra visita de verificación a los hechos ocurridos el 21 de Junio de 2021,
en la comunidad de Monte Bravo del Municipio de Istmina -Chocó, en compañía de Alcaldía
Municipal, Personería Municipal, Defensoría Regional Chocó, UARIV, ACNUR, Pastoral Afro,
entre otros, hemos constatado lo siguiente:
● Se encontraron orificios de proyectiles en varias viviendas y en algunos árboles de la
comunidad de Monte Bravo, así como casquillos de municiones y proyectiles al interior
de la comunidad.
● Se evidenció afectación causada por una presunta detonación de granada en cercanías
a las viviendas.
● Al menos 10 viviendas afectadas en las que miembros del Ejército Nacional irrumpieron
en forma violenta, según fuentes comunitarias.
● Se presentaron pérdida de bienes de uso personal, un celular, documentos de identidad
de propiedad de miembros de la comunidad y un equipo de cómputo de propiedad de
un delegado de la Corporación La Gota (quien se encontraba realizando trabajos de
investigación).
● A la fecha de la verificación, 25 de junio de 2021, cinco familias se encontraban en
situación de desplazamiento forzado en las comunidades vecinas; y se estableció que
las comunidades Panamacito, Potedó, Cocove y Trapiche, se encuentran en situación de
confinamiento y en alto riesgo de desplazamiento forzado debido a los mismos hechos.
● Se manifestó que el grupo armado se presentó con brazaletes rojos y blancos, pero
pasado el tiempo estos mismos sujetos se identificaron como miembros del Ejército
Nacional. Al parecer el Ejército usa ciertos distintivos para algunas operaciones
militares, que no corresponden a los uniformes reglamentarios.
● Persiste la preocupación de la comunidad en general por la presencia de miembros del
Ejército Nacional en cercanías a las comunidades como la comunidad Monte Bravo, de
igual forma, por la instalación de una base militar dentro del Territorio Colectivo,
específicamente en la comunidad de Noanamá. Todo lo anterior, teniendo en cuenta
los riesgos para la población civil como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario (DIH) y de violaciones a los derechos humanos.

Con posterioridad a esta misión de verificación, el 01 de julio de 2021 se realizó un Comité
Territorial de Justicia Transicional (CTJT) en el cual se comprometieron a remitir las ayudas
correspondientes y tomar las declaraciones respectivas de las familias desplazadas
forzadamente, lo cual sólo se realizó hasta el 23 de julio de 2021 en el caso de la toma de la
declaración, las ayudas humanitarias fueron entregadas por parte del ente territorial, en la
última semana del mes de Julio de 2021.
De igual forma, para la atención de las comunidades en situación de confinamiento, se
estableció realizar una jornada en territorio con las entidades del SNARIV el día 07 de agosto de
2021.
De otro lado, manifestamos nuestra preocupación por la falta de celeridad en los procesos de
planes de retorno y atención en general por parte de la UARIV en las comunidades de Peñitas,
Carra, Puerto Limón y Charambirá (en el municipio del Litoral del San Juan), situación que fue
puesta en conocimiento del Jueza Primera Civil del Circuito Especializada en Restitución de
Tierras de Quibdó, en el marco de la sexta audiencia de Seguimiento de la medida cautelar el
16 de junio de 2021.
Con respecto a lo anterior, y en cumplimiento de la orden judicial del despacho de Restitución
de Tierras mencionado, se sostuvo una reunión con la Unidad de Víctimas, en adelante UARIV,
con acompañamiento de la Procuraduría de Tierras, en la cual se establecieron compromisos
por parte de la UARIV, con respecto a acciones propias de las rutas de retorno con garantías en
los meses de agosto y septiembre de 2021 para las 4 comunidades mencionadas.
En la actualidad ha generado nuevos hechos constitutivos en confinamiento en los caseríos de
las comunidades de Fugiadó, – Municipio de Medio San Juan, Perrú y Trapiche – Municipio de
Istmina. Además, persiste el riesgo de desplazamiento masivo en dichas Comunidades, fuentes
comunitarias dan cuenta que el día lunes 02 de agosto del 2021, aproximadamente a las 5:30
p.m, se presentaron sobrevuelos de helicópteros y disparos (rafagazos) por parte de la Fuerza
Pública (Ejército Nacional), en las comunidades mencionadas afectando la tranquilidad del
colectivo y restringiendo la movilidad de la población a sus parcelas y actividades propias de
producción, dado a que el mismo actor se encuentra en la zona.
Para los días 03 (en horas de la tarde) y 04 de agosto de 2021, se presentaron nuevamente
sobrevuelos de helicópteros, hechos tienen atemorizada a la colectividad, de tal modo que, si
bien es cierto, los hechos reportados afectan directamente a las comunidades de Fugiadó, Perrú
y Trapiche, por su cercanía se podrían ver afectadas comunidades como Potedó, Cocove, Nuevo
Amanecer, Montebravo y Panamacito (Municipio de Istmina).

Es importante recordar que la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la
Corte Constitucional (Auto 091 de 2017 entre otros) y el Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Quibdó (Auto 040 de 2018 – Medida Cautelar) han ordenado al
Gobierno Nacional y a organismos de control del Estado que tomen medidas de prevención,
protección, atención y restitución de derechos de nuestra comunidad y su territorio.
Insistimos en el cumplimiento del deber funcional de las instituciones, y en recordar el llamado
para que los actores involucrados en el conflicto armado interno (estatales y no estatales)
respeten rigurosamente las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Finalmente, ACADESAN hace un llamado a los organismos de control del Estado (Procuraduría
General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, y Personerías
Municipales), a la Corte Constitucional, a la Juez Civil del Circuito Especializada en Restitución
de Tierras de Quibdó, a las Alcaldías Municipales, a la Gobernación del Chocó, a las entidades
del SNARIV, a las organizaciones que hacen parte del Sistema de Naciones Unidas (en especial
al ACNUR y ONU DH), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las organizaciones
étnicas, y a las organizaciones defensoras de derechos humanos (nacionales e internacionales)
para que:
● Hagan seguimiento a esta grave situación de vulneración de derechos humanos y, de
acuerdo con sus competencias, investiguen, sancionen, alerten, requieran, exijan y/o
soliciten al Estado Colombiano y a todos los actores armados que suspendas las acciones
de victimización y revictimización de las comunidades negras del río San Juan.
● Exijan a las entidades civiles del Estado para que garanticen completamente los
derechos de las víctimas del conflicto armado interno de todo el territorio.
● Implementen en debida forma las medidas de prevención, protección, atención y
reparación a las víctimas de la comunidad negra como sujeto colectivo y sus miembros
ubicados en las 72 comunidades del territorio colectivo, entre estas, las ordenadas
desde abril de 2018 por la Jurisdicción de Restitución de Tierras.
● Reclamen del Gobierno Colombiano la plena implementación del Acuerdo Final de Paz
firmado con las FARC-EP.
● Exijan al Gobierno Colombiano y a todos los actores armados avanzar en diálogos de
paz y en la firma de Acuerdos Humanitarios.
De antemano agradecemos las voces de solidaridad para con nuestra comunidad negra e
invitamos a quienes quieran sumarse en su defensa, protección y demás acciones, a coordinar
las mismas con el proceso organizativo del territorio.
Copia. Archivo
Comunicado 02-2021